Capellán nacional Pablo Walker adelantó parte de este trabajo que será dado a conocer oficialmente en octubre próximo y que podría ampliarse a la red Sename.

Tal como indica el Informe Sename II,  la subvención estatal alcanza a cubrir sólo el 60% de los gastos que tienen los hogares de menores, que presentan un gasto promedio mensual de $800 mil mensuales en residencias especializadas y $650 mil en las no especializadas.

Sin embargo, cualquiera de estas cifras es insuficiente si se quiere brindar una atención de calidad a los menores, explica el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker,

En países con mayor evolución en materia de protección de la infancia la inversión puede sobrepasar los $3 millones per cápita y para lograr mejores resultados en Chile,  Walker estima en un promedio de $2 millones lo necesario.

Ése es precisamente el costo que tendría por niño implementar la propuesta que el Hogar de Cristo elaboró tras una investigación y trabajo de casi tres años y que resultó en un paquete de 90 medidas de base para mejorar el sistema de residencias de menores.

Antes de la muerte de Lissette Villa, en 2016, el Hogar de Cristo venía ya trabajando la creación de este modelo técnico de residencias para menores gravemente vulnerados en sus derechos.  Para este fin se realizó encuestas en ocho de los centros dependientes de la institución y revisó los modelos residenciales y las buenas prácticas de 38 países.

A partir de esta tarea el equipo formado por  41 expertos nacionales y 6 internacionales recopiló  casi 5 mil recomendaciones, de las que se extrajeron las 90 que serán presentadas oficialmente en octubre próximo.

La idea, agrega Walker, es aplicar este piloto primero en centros del HdeC, pero luego ampliar a otras unidades internas y externas, para lo que ya ha sostenido conversaciones con la directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, aunque no ha habido una posición formal del servicio estatal.

Medidas

Uno de los principales problemas detectado en las residencias es que existen Rangos etarios muy amplios lo que implica permanencias de niños de 5 años a adultos de 21. A esto se suma la falta de espacios de intimidad acorde a ciclo vital, el desconocimiento y deficiente reparación de situaciones de trauma, el déficit en diagnóstico de necesidades y en  la conformación  y capacitación de equipos multidisciplinarios.

Además, el actual modelo escasamente interviene en la familia de los niños y jóvenes y tampoco los prepara para una vida independiente fuera del sistema.

“Dentro de las cosas que no se han hecho justamente estaban esta urgente reparación de abusos de situaciones de violencia de  Derechos Humanos o malas prácticas en varios niveles, en tribunales de familia, por ejemplo, pero también a nivel de dotaciones precariamente formadas, de programas que están desbordados por recibir a más niños y niñas que aquellos para los que están preparados. También el  hecho de que el 80 bis autoriza que el juez pueda enviar a los menores y sea obligatorio recibirlos, a pesar de que no tengamos competencias psiquiátricas. Es muy grave”, diagnostica el jesuita.

Por eso,  las medidas contemplan  focalizar la  atención en residencias jóvenes de 12 a 21 años de edad, y acompañarlos  en su transición a la vida adulta por lo menos hasta los 21 años.

También plantean que la  residencia debe ser lo más parecida a un contexto familiar. Es decir, deben ser establecimientos pequeños, de no más de 10  jóvenes.

Dentro de las propuestas se incorpora la figura del “tutor”, ejercida por profesionales afines a las necesidades de los niños, con un máximo de tres menores a su cargo.

Además la residencia debe tener un enfoque sensible al trauma, convirtiéndose en un espacio de reparación, no sólo un lugar para vivir. “Los niños y jóvenes no se pueden sanar dentro de una organización traumatizada, al contrario, este tipo de instituciones pueden empeorar sus problemas”.

Además se propone centrar el foco en la atención de salud mental y asesoría jurídica.

Para Walker, trabajar en la reparación del daño a los niños y en la restauración de sus derechos es “impostergable” y por eso, evalúa,  “es importante que la ley entregue garantías frente a estas situaciones que históricamente han sido invisibilizadas y postergadas”.

Agrega que  el rechazo del informe Sename II “es una manifestación de que todavía parece que la priorización del interés superior del niño no desencadena en consecuencias prácticas” y ve en esta propuesta una oportunidad de revertir la situación.

Para eso es que la entidad está trabajando en la recolección del financiamiento en que, “los privados tendrán un rol clave” para cumplir con la meta de poner en marcha este piloto a partir de marzo del próximo año. Para tal fin requieren reunir $240 millones al año para un total de 20 niños pertenecientes a dos residencias y por un período de dos años.

Sename

Sobre el impacto que podría tener en Servicio Nacional de Menores, desde Sename Bío Bío aseguran que se  “valora y reconoce el modelo técnico que busca perfeccionar los centros de protección apuntando a mejores estándares”.

Agregan  que desde 2016  el servicio ha trabajado junto a esta institución privada para desarrollar una residencia piloto siguiendo aquellos términos, “ya que los estudios indican que lo ideal es que los centros de protección sean pequeños y que alberguen una reducida cantidad de niños para evitar el déficit en el diagnóstico de las necesidades o en la intervención”.

 En esta misma línea, subrayan,  los esfuerzos  han estado enfocados desde el 2014 en el proceso de desinternación, “para que menos niños o niñas entre 0 a 3 años estén en el sistema residencial, y puedan cumplir su derecho a vivir en familia bajo cuidado alternativo, es decir, en familias de acogida”.

A estos esfuerzos suman los programas de familias de acogida de la Región y  dos nuevos proyectos administrados directamente por el Sename, en Concepción y Los Ángeles, para fomentar que los niños estén dentro de un ambiente familiar en vez de uno institucionalizado.

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