Por María Isabel Robles, directora técnica apoyo a la autonomía del Hogar de Cristo

El fin de semana pasado escuché uno de los discursos más emocionantes de mi vida: el de Jesús Vidal al recibir su Premio Goya al Mejor Actor Revelación. Su sencillez, cercanía, humor, pero sobre todo su gran talento y pasión que lograron traspasar la pantalla, me hicieron reflexionar sobre cuánto nos enriqueceríamos como sociedad si lográsemos dejar atrás nuestros prejuicios, acciones muchas veces discriminatorias y estigmatizadoras hacia las personas con discapacidad, particularmente hacia las con discapacidad mental. Con envidia sana, comparé  los avances de la sociedad española respecto de las oportunidades, políticas públicas y el desarrollo de una cultura cada vez más inclusiva que garantiza que estos ciudadanos puedan ser vistos y tratados como miembros relevantes de la comunidad.

Si bien en Chile, los últimos 20 años hemos tenido avances significativos, entre los que destacan la ratificación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), la promulgación de la Ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (2010) y la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, entre otras iniciativas, las brechas son aún gigantescas y muy preocupantes. Tanto, que debieran desafiar al conjunto de nuestra sociedad a dar respuesta urgente y sin más postergación a este invisibilizado grupo de chilenos.

De acuerdo a cifras de la CASEN 2015, en nuestro país existen cerca de 300 mil personas con discapacidad mental, de las cuales un tercio se encuentra en situación de pobreza monetaria y/o multidimensional, viviendo una doble exclusión: por su situación socio-económica y su discapacidad mental.

Frente a esto, ¿cuáles son algunos de nuestros desafíos? Promover la no discriminación y   estigmatización. Está demostrado que las mayores barreras para la inclusión social de las personas con discapacidad mental provienen de las actitudes negativas hacia ellas. Legislar de acuerdo a estándares y normativas internacionales para que no puedan ser sometidas a procedimientos médicos irreversibles contra su voluntad, como la psico-cirugía y las esterilizaciones, afectando gravemente el ejercicio de sus derechos. Armonizar nuestra normativa de acuerdo a estándares internacionales y de derechos humanos; aunque suene increíble, parte importante de nuestra legislación aún se refiere a ellos como “locos”, “dementes”, “enfermos”, incluso como “incapaces”. Establecer políticas públicas robustas que promuevan y apoyen el ejercicio del derecho a vivir insertos en su comunidad. Todavía en Chile existe un alto número de personas que está institucionalizado formal o informalmente, y sufre con frecuencia de contención física y aislamiento en hospitalizaciones psiquiátricas, innecesarias. Aumentar el presupuesto destinado a salud mental. Acá estamos gravemente al debe, ya que no supera el 2,2% del total presupuestario destinado a salud e incluye incluso los tratamientos de consumo problemático de drogas. Esta cifra, que debiera ir en aumento, ha decrecido de manera constante desde el 2008 lo que nos deja muy por debajo de países como Uruguay, Perú y Brasil.

Debemos reconocer a las personas con discapacidad mental y valorarlos como sujetos de derechos, que debemos garantizar y respetar. Recojo las tres palabras claves del discurso de Jesús Vidal: inclusión, diversidad y visibilidad, y me sigo emocionando al recordarlo.

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