Así, como ella, cientos de miles de chilenos quedan al margen de poder acceder al sueño de la casa propia, razón por la cual muchos terminan tomándose un terreno y viviendo en un precario asentamiento sin agua potable, luz ni alcantarillado. Gabriela Almuna, dirigenta del campamento Villa Las Loicas, el más grande de San Antonio, cuenta aquí las penurias y anhelos que comparte con 600 adultos y 250 niños.

Por María Teresa Villafrade

A escasos metros de su campamento descansan los restos del gran poeta chileno Vicente Huidobro y a ella, dirigente social de la toma Villa Las Loicas, la más grande de San Antonio, le encanta acercarse a esa tumba y disfrutar de la hermosa vista del mar después de una jornada de trabajo. “Es mi momento de descanso y de paz, me gusta venir aquí a relajarme”, confiesa Gabriela Almuna (33), soltera y sin hijos, quien hasta la cuarentena trabajaba como asesora del hogar en Santo Domingo.

Si bien nació en el hospital Sótero del Río y se crió en la población El Castillo de Puente Alto, a los 24 años se vino a vivir a un terreno de su abuela en el puerto. “Ya a los 19 años había abierto mi libreta de ahorro para la vivienda pero por tener cuarto medio y no tener carga, soy muy rica para un subsidio y muy pobre para un crédito hipotecario. Una vez fui al banco a preguntar y me pedían tres avales y un ingreso de 800 mil pesos mensuales, no tenía ni lo uno ni lo otro”, dice.

Tuvo que dejar el terreno de su abuela y se metió a un Comité de Vivienda en el que resultó estafada. “Salió hasta en las noticias, un caballero de Pedro Aguirre Cerda nos estafó, le empezamos a pagar por unas casas que nunca llegaron”. Otro lamentable hecho que se repite con cierta regularidad. Por eso, hace tres años, no dudó en sumarse junto a otras 600 personas a la toma de un terreno estratégicamente ubicado en la zona alta del límite entre San Antonio y Cartagena. “Ninguno de los dos municipios reconoce como propios esos terrenos”, advierte.

Cuenta que a raíz del estallido social del pasado 18 de octubre, se produjo una llegada masiva de personas a los sectores aledaños, calcula que deben ser cerca de 3.000: “Al principio tuvimos susto porque eran tomas demasiado masivas y temimos que la autoridad nos sacara a todos. Recuerdo que hacíamos turnos en las noches para vigilar, pero nunca pasó nada malo. Después nosotros les ayudamos a los que iban llegando. Les explicamos cuáles eran las normas, cómo dividirse el terreno y armar sus mediaguas de manera que si el día de mañana nos vienen a regularizar no tengan que mover sus viviendas. Nosotros ya habíamos pasado por eso, cuando le solicitamos los planos al municipio para ver las condiciones que exigían para las viviendas en la zona”.

“NO PODEMOS SALIR DE UN HACINAMIENTO PARA CAER EN OTRO”

Todos los nuevos campamentos están uno al lado de otro y tienen nombres distintos que empiezan con Villa: Villa El Boldo, Villa El Esfuerzo, Villa Esperanza, Villa 18 de octubre, entre otros más.

“Nosotros entendemos la necesidad de la gente, porque pasamos por lo mismo. Cuando levantamos el campamento dijimos hasta aquí nomás llegamos, no podemos ser más de 300 porque no nos da la logística, el terreno, no podemos salir de un hacinamiento para caer en otro, la idea es luchar por estas viviendas, que se nos reconozca y se regularice”, explica.

La dirigente cuenta que muchos de sus vecinos han vivido allegados por décadas, “calladitos sufriendo”. Está el caso de una señora con sus 5 hijas y todas tenían esposos e hijos, es decir, cinco familias que antes vivían en una sola casa. Hay adultos mayores de 70 años que nunca tuvieron una casa o que lo perdieron todo porque les vendieron su propiedad de manera ilícita.

“Muchos critican y dicen que es porque no se mueven, no hacen los trámites, pero no es así. Hay familias que tal como yo, también han sido rechazadas, no calzan y aunque reúnan todos los requisitos, el subsidio habitacional no es algo automático que te dan, no, esto es una tómbola donde hay muchos que una y otra vez tienen que volver a postular, hacer todo el papeleo de nuevo. Aparte si te inscribes en los comités de vivienda que son para que te construyan la casa, se tardan alrededor de 10 a 15 años en entregártela. Acá en la zona tenemos un grupo que trabajó por 20 años para sus casas y se las dieron en mal estado, se llovían, se les inundaba con aguas servidas, es un drama”, dice.

Para ella, el empobrecimiento viene de hace rato, gente que no llega con lo que gana a fin de mes y se endeuda con tarjetas comerciales para comprar alimentos en el supermercado. “Es un Chile oculto que nadie quiere ver. En los campamentos se vive con pisos de tierra. Ahora con la pandemia se ha notado más la desigualdad pero viene de hace mucho. Creo que debemos dejar de lado el egocentrismo y empezar a mirar con ojos de hermanos a los demás”.

En su caso, desde que se implantó el cordón sanitario no pudo volver a trabajar. La señora que la contrató en Santo Domingo tiene una farmacia en San Antonio donde Gabriela ha estado trabajando. “Son personas muy conscientes y de bajo perfil que me han facilitado un vehículo para poder trasladar todos los productos para las ollas comunes, ha sido una ayuda fantástica. Yo voy en auto a buscar a La Vega de aquí los alimentos que nos donan, nos han apoyado de manera constante y no solamente a mí, a la villa”, relata.

“Me gustaría un país más empático con el dolor ajeno, me gustaría que cada niño tuviera el derecho de vivir en su casa y tener su propia cama. Nosotros hicimos campaña para conseguir camas porque había niños que nunca habían dormido solos en una cama. Ahora que veo todas las ayudas que se discuten en el Congreso, siento que todo es desgastante y frustrante. Muchas veces se habló de que no había dinero, que los recursos son limitados, pero ahora que se pone en jaque a la AFP  entonces florece el dinero, los bonos, la ayuda. Creo que no es justo, estamos resguardando a la gente que sí tiene y dejando a la deriva a los que realmente necesitan”.

CON LA PANDEMIA LLEGÓ LA OLLA COMÚN

La pandemia del coronavirus impactó de tal manera el precario sustento económico de los vecinos que hace tres meses empezó a funcionar una olla común. Gabriela Almuna cuenta que si bien hasta el momento, ninguno de los campamentos ha sido reconocido como tal, “acá todos saben que existimos, un alcalde nos manda lentejas para la olla común, el otro alcalde nos manda porotos, o sea las autoridades y gobernadores están al tanto de que nosotros existimos. Nos llegaron cajas de alimentos pero no las del gobierno sino de empresas particulares como Walmart y otras más. Estaban muy buenas, a nosotros nunca nos llega nada así que no nos quejamos, fue un regalo maravilloso”.

Con mucho esfuerzo levantaron la “casa común”, que es un salón multiuso donde se prepara y distribuye la comida y los panes de cada día. Cada pasaje (todos con nombres de aves) se hace cargo dos días de la olla común. “Acá todos le ponen el hombro, hombres y mujeres, unos amasan el pan, otros cortan el apio y como vienen todos, nadie se avergüenza”.

-¿Cómo es la seguridad en la vida de campamento?

-Mi casa no tiene reja, no he podido pararla, tengo solo la mediagua, pero a mí no se me ha perdido una cuchara, los vecinos respetan mucho el espacio del otro y nos cuidamos entre nosotros. Si acá los ladrones no son los pobres. He invitado varias veces a los alcaldes, les he pedido que vengan y conozcan la villa, porque es estigmatizador vivir en un campamento, a los niños los señalan con el dedo, les dicen ah, tú erí de la toma. Tenemos carencias pero dormimos tranquilos en la noche, acá no hay problema de droga, expulsamos a los traficantes. Tenemos cancha de fútbol, las bicicletas quedan en los patios y no se pierde ninguna. Es una vida de barrio, los niños juegan con bolitas y las niñas al luche. No se ve eso en ninguna otra parte.

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