Publicado por El Mercurio

Es un hecho que las personas en situación de pobreza tienen menos de todo: menos autonomía, menos, movilidad social y menos privacidad. La protección de la vida privada es esencial en un estado democrático. Todos reconocemos que nos genera dignidad, humanidad y autonomía, y por eso tenemos una razonable expectativa de respeto a nuestra intimidad. Sin embargo, al parecer, eso no aplica para quienes viven en pobreza y exclusión social, como son las personas en situación de calle. Pareciera que ellas son depositarias de versiones más débiles de este derecho tan importante para todos.

Somos testigos a diario de la inaceptable invasión a la privacidad de personas que por su vulnerabilidad son expuestas públicamente en ámbitos que jamás debieran ser exhibidos sin su plena autorización. Sus condiciones de salud física y salud mental, su identidad sexual, su filiación política, su situación financiera personal y familiar, son ventiladas como si fueran un bien de consumo público. Los que menos cuentan con espacios de privacidad, están más expuestos a que su intimidad sea vulnerada. Los que raramente son vistos o escuchados, son los que más ven su intimidad diseccionada ante un hecho doloroso, incluso después de fallecidas.

Por eso violenta la frivolidad con que son abordados, por algunos medios y en redes sociales, hechos lamentables, como lo sucedido con Francisco Martínez en Panguipulli. Antes de hecha la formalización judicial a raíz de la muerte del joven, hemos visto ventilarse diagnósticos psiquiátricos –esquizofrenia– y genéticos –síndrome de Down tipo mosaico–, atribuidos a fuentes difusas, sin el más mínimo respeto o consciencia sobre el derecho a la privacidad de la persona aludida.

Pasó de manera escandalosa hace unos años, cuando en un matinal se leyó entero el examen ginecológico de Nabila Rifo, víctima de un horrible caso de femicidio frustrado. Los medios alegarán el derecho a la información frente a lo que puede parecer una defensa principista del derecho a la privacidad de los más desvalidos, pero hay que tener en cuenta el rol y la responsabilidad de cada uno.

Políticas cruciales para la integración de las personas a la sociedad, como salud, educación, trabajo, vivienda, no tendrán éxito mientras las actitudes estigmatizantes tengan el nivel de penetración que muestran hoy en nuestra sociedad. Mientras las personas en situación de pobreza y exclusión sean vistas como flojas, vagas, locas, drogadictas y alcohólicas, peligrosas, la sociedad se mostrará  reacia a reconocer sus carencias y a priorizar los recursos y las políticas necesarias para superarlas, negándoles el derecho a vivir con dignidad.

Los medios son claves para prevenir la discriminación y la estigmatización, para sensibilizar sobre la universalidad de los derechos humanos y para fortalecer la cohesión social. De lo que se trata es de poner fin a la invisibilidad que sufren las personas que viven en la calle y de promover actitudes de respeto hacia ellas y ellos. La prevención de los prejuicios y de los mecanismos de exclusión debe ser parte central del trabajo de periodistas y comunicadores a la par que su derecho a difundir información.

Si te importa el abuso de todo tipo contra los pobres y vulnerables…

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