Veinte niños y jóvenes de entre 12 y 18 años; diez varones y diez niñas –en Santiago, ellos, y en Viña del Mar, ellas–, participan de un plan piloto que surge de la llamada “crisis del Sename” y busca establecer estándares para reparar historias de dolor y trauma de los niños vulnerados. En estas páginas, los detalles de una iniciativa que recién se inicia y busca convertirse en política pública.

Por Ximena Torres Cautivo

“Fue en 2016, cuando entré a Maruri, una residencia de protección para adolescentes varones, de entre 12 y 18 años, y me encontré con él: un niño de 6 años con un parche en el ojo, prácticamente ciego, con retardo mental, sentado, solo. Le pregunté al equipo ¿qué hace él acá? Era evidente que tenía necesidades especiales y que la residencia no satisfacía ninguna de ellas, más allá del alojamiento, ropa y alimentación. O sea, éramos una respuesta dañina. Nos costó seis meses sacarlo de allí”.

Paulo Egenau, el director social nacional del Hogar de Cristo, no se emociona fácil. Pero el recuerdo de ese niño, enviado por un juez de familia, mediante el artículo 80 bis de la Ley N° 19.968, lo desarma. El 80 bis permite a los magistrados obligar a las residencias a recibir a quien sea y a como dé lugar. Recuerda también a una joven con consumo de drogas, que venía del extremo sur, donde no había ningún programa especializado. Su única figura significativa era su abuela, de la cual fue separada al trasladarla a Santiago, desarraigándola no solo en lo geográfico. Sus posteriores intentos de quitarse la vida no deberían sorprender a nadie, porque en su caso, como en muchísimos otros, el remedio resultó peor que la enfermedad. “Y así seguimos amontonando niños y jóvenes donde sea y como sea, deshaciéndonos de ellos”, alega el psicólogo Egenau, que, agobiado por “la vergüenza, la culpa y la rabia por estos niños”, se abocó a trabar con el equipo social que ya había decidido tomar “esta causa, sí o sí”.

¿De qué causa hablamos? De la que fue faro de la acción social del padre Alberto Hurtado. En la carta a “los amigos del Hogar de Cristo”, que escribió antes de morir, dice: “Los niños recogidos uno a uno en las frías noches de invierno, han llenado la capacidad del Hogar. Cinco mil vagan por Santiago. ¡Si pudiéramos recogerlos a todos y darles educación! Las niñas vagas, ayer inexistentes, son hoy una triste realidad. Cuatrocientas hay fichadas por Carabineros”.

Hoy la situación de “la infancia vulnerada” ha cambiado: no existen cinco mil niños vagando por Santiago, pero sí casi veinte mil están en cuidado alternativo en todo el país. Están separados de sus padres por una medida de protección de los Tribunales de Familia y acogidos por el Estado a través de residencias (el 68,3%) y familias de acogida del Servicio Nacional de Menores, el Sename, un servicio reconocidamente en crisis.

Fundado en 1979, este organismo arrastra una historia más asociada a la profundización del daño que a la protección de los niños y adolescentes. Con tragedias, como la muerte de Lissette Villa, de 12 años, en 2016, que marcó un momento “de lucidez transitoria”, como señala Egenau, dentro de un “olvido negligente” y permanente. Por eso, “a fines de 2015, producto de su insatisfacción con los servicios prestados en los programas bajo su responsabilidad, el Hogar de Cristo inicia un proceso para actualizar su modelo técnico”. Fueron dos años de investigación en cuatro fases: entrevistas a los niños y jóvenes de las residencias del Hogar de Cristo, a sus padres, cuidadores y a todo el personal; caracterización de la población atendida; revisión de la experiencia de 36 países con buenas prácticas, lo que se tradujo en cinco mil recomendaciones para validar 90 con un panel de 47 expertos nacionales y extranjeros.

El libro Del dicho al derecho: Estándares de calidad para residencias de protección de niños y adolescentes (se descarga en www.hogardecristo.cl/Libro-Del_dicho_al_derecho.pdf) recoge la investigación y resume el modelo técnico que se está aplicando como piloto, desde mayo pasado, en dos de las ocho residencias que tiene Hogar de Cristo. El costo de aplicarlo es de $ 1.980.000 pesos mensuales por niño, cifra que supera por lejos el promedio de $ 300 mil de subvención que entrega el Estado.

¿Cómo se financia la iniciativa?

Fue la determinación de la abogada Esperanza Cueto, de Fundación Colunga, quien, conmovida por lo que le contó Paulo Egenau, convocó a Paola Luksic, Carolina del Río y Marion Von Appen, de las fundaciones Luksic, Ilumina y Choshuenco, respectivamente, a que se sumaran y financiaran durante dos años los pilotos, aspirando a que se conviertan en política pública.

INFRAESTRUCTURA Y APOYO PERSONALIZADO

Las residencias piloto son una de mujeres, en Viña del Mar, y otra de varones, en Santiago  –en Providencia–, que ha conservado el nombre de Maruri, a pedido de los niños por un sentido de pertenencia. Varios son residentes de larga data de ese antiguo hogar, ubicado en Independencia. Como hace notar el sicólogo Francisco Parra, quien por años lo dirigió y hoy está a cargo del proyecto: “Ellos nunca se han sentido ‘niños Sename’. Es más, cuando explotó lo de Lisssette, ellos se compadecían de lo que sufrían esos niños”.

Las medidas clave que definen las residencias piloto son tener una capacidad no superior a diez niños por residencia; un tutor por cada tres niños o jóvenes; enfoque terapéutico las veinticuatro horas, sensible al trauma y con apoyo en salud mental; trabajo con las familias en los domicilios; apoyo legal; acompañamiento hasta los 21 años de edad, una vez egresados.

La calidad de la infraestructura representa un salto cuántico en relación a las actuales condiciones de la mayoría de los hogares. Parra describe: “El estándar es un lujo: dormitorios para dos niños, con camas, no camarotes, y closets individuales; acceso a la cocina y al refrigerador; sala de estudio con computadores con Internet; estación del metro a dos cuadras, en un barrio con parque, pero eso no sirve por sí solo. Eso ha impresionado a los padres, pero para los niños no basta. Tener a un tutor personalizado es el verdadero lujo y ese profesional tiene una tremenda responsabilidad”.

Magdalena Pardo, directora social de Paréntesis, fundación del Hogar de Cristo que tiene bajo su responsabilidad las residencias, releva la necesidad de contar con una aproximación de género al tema. Porque, tal como se describe en Del dicho al derecho: “Las niñas llegan con un nivel de daño más elevado, las vulneraciones son múltiples y eso genera que sus dificultades conductuales sean mucho más complejas”.

Como resulta evidente, la situación de la infancia vulnerada es un tema multidimensional, que requiere de mucho más que un par de residencias piloto, por bien pensadas y mejor ejecutadas que estén. Es una realidad donde se entremezclan la pobreza, la desigualdad, la exclusión escolar, la falta de oportunidades, la violencia. Disparar contra el Sename es gratis y da crédito político; convertirlo en una entidad que repare, sane, incluya y aproveche las capacidades y talentos de nuestros niños y jóvenes más desvalidos requiere de una lucidez permanente, como la que inspiró esta iniciativa.

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