El fundador y director ejecutivo de la fundación Abriendo Datos nos cuenta del documento “Carta Magna Digital” que publicaron hace unas semanas junto a Flacso. Una “canasta básica digital” es lo que propone esta publicación, donde, además, llaman a que los constituyentes normen sobre esta transformación de la sociedad hacia un mundo cada vez más virtual.

Por María Luisa Galán

La nueva Constitución es lo que manda en la agenda desde hace varios meses y, precisamente, inspirados en este proceso, la fundación Abriendo Datos publicó junto a Flacso Chile, el libro titulado “Carta Magna Digital: Sociedad de la información y tercera ola de datos abiertos”.

“Este documento busca aportar contenido sobre los deberes y derechos de la sociedad de la información, en la tercera ola de datos abiertos, para ser introducidos en la discusión de una nueva constitución”, se lee en su introducción. Uno de sus autores es Patricio Urriola (28), fundador y director ejecutivo de Abriendo Datos. Cientista político de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del Consejo Consultor del Programa SÉ Santiago Smart City CORFO, parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia,  Urriola participa de la Comunidad del Foro Económico y actualmente es becado del programa de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires.

“Creamos Abriendo Datos el 2017 para promover una cultura de datos abiertos, porque creemos que van a ser un indicador de la calidad democrática”, cuenta Patricio sobre su organización, la que está ligada a Acción Solidaria (AS) del Hogar de Cristo, desde finales de ese año. “Acción Solidaria nos propuso relacionar este tema de la apertura de la información con la desigualdad. Por eso en nuestra visión tenemos explicitado que promovemos la apertura de los datos abiertos para superar las desigualdades económicas y políticas que se dan por la falta de accesos. Sin duda, han sido unos aliados estratégicos”, dice, feliz de esta unión.

Pero, ¿ Qué son los datos abiertos? Patricio explica: “Datos abiertos son datos digitales mayoritariamente públicos que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”. Sobre “la tercera ola” a la que el libro hace mención, también se explaya: “La tercera ola implica abrir con propósito, porque se empiezan a generar datos de abajo hacia arriba. O sea, el gobierno no es el único que abre datos, sino que el municipio, la sociedad civil. Nosotros abrimos datos con Frena la Curva, cuando geolocalizamos ollas comunes y centros de acopios. La tercera ola pone en discusión el uso responsable de los datos y ahí se mezclan las perspectivas de protección y apertura, que van en conjunto porque la gobernanza del dato busca revisar el ciclo completo de la información. Desde donde se crea hasta cuando se explota y elimina. En cada momento, ese dato va pasando de mano en mano e interactuando con distintos actores”.

-¿Hubo una primera y segunda ola?

-Sí. La primera ola fue cuando en los 90 solicitábamos información de forma individual. Un periodista, por ejemplo, podía preguntar al Estado el estatus de un proyecto de ley. Luego, la segunda ola, fue abrir los datos del Estado hacia el público en general, como los contratos, los balances. En esta tercera ola nos dimos cuenta que no sirve sólo transparentar porque, por ejemplo, cuando tenemos que salvar vidas producto del COVID no somos capaces porque no tenemos trazabilidad. En el fondo, importa quién gobierne los datos y eso debería estar en la Constitución.

“Así como hemos normado al ciudadano analógico, tiene cabida regular a la ciudadanía digital, porque es evidente que no es solo un tema de internet, dispositivos y de avances tecnológicos, estamos hablando de una transformación societal que abarca todos los aspectos de la vida. En ese camino la Convención Constituyente deberá enfrentar, en los próximos meses, el debate respecto de la forma en que nuestro país abordará los derechos y deberes digitales, el uso de datos abiertos que no sea por defecto sino con ‘propósito’, como un bien público y como factor habilitante y democrático”, reza esta Carta Magna.

Patricio, ahonda: “¿Cuál es el problema del Estado chileno? Que la información no está integrada ni interoperable y, hasta el momento, cuando tenemos que hacer un trámite, todavía nos siguen pidiendo la misma información, que es personal y no debería manosearse y replicarse tanto. Hay un promedio entre el 75% y el 95% de esa información que no se ocupa por parte del Estado para gestionar nuevos servicios. Eso es súper complejo; las políticas públicas no están basadas en evidencias. Por eso nos importa mucho que se hable de estos temas”.

CANASTA BÁSICA DIGITAL

“Los datos son un arma poderosa con múltiples propósitos, como la lucha contra la pobreza, una que potencialmente puede transformar la vida de los más desprotegidos. Pero también, existe la posibilidad de que los datos sean utilizados en contra de las personas. Convirtiéndose en un arma de doble filo, por lo que se considera indispensable un nuevo contrato social, que tenga como fin nuevas reglas del juego, para obtener más valor de los datos, cumpliendo con proteger a las personas contra daños, se garantice el acceso y la representación”, se lee en esta Carta Magna de casi 80 páginas en donde aparecen términos como “bienestar digno digital”, “canasta básica digital” y “desigualdad digital”.

-¿A qué se refieren estos conceptos?

-Cuando hablamos de brecha digital, vemos informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (​OCDE), donde conciben un Chile robusto y tecnológico, siendo casi pioneros en términos de infraestructura, pero después vemos a niños y a profesores subiéndose a los techos para ingresar a un aula virtual. Por eso nos referimos a dignidad y desigualdad digital. También hay una conversación sobre el derecho de acceso al internet. Cuando hablamos de una canasta básica digital, es que una persona, en cualquier parte de Chile, pueda tener una cierta cantidad de kilobytes que le permita hacer cualquier tipo de gestión, generación de servicios hasta entrar a un aula virtual.

-Tienen los ingredientes, ¿pero qué pasa si no saben navegar por la red?

-La canasta básica es la entrega de las herramientas, pero queremos que haya ciudadanos que tengan una alfabetización digital crítica. Es decir, yo ingreso a internet no para ocupar Word, sino para tener  pensamiento computacional, habilidades analíticas. Es entender que cuando entregas conectividad, aumenta la asociatividad y hay que entregarles esas herramientas para que puedan distinguir los derechos humanos digitales, y la violencia digital, como el cyberbullying. Si eliminas la brecha digital, mejoramos la calidad del empleo y generamos más trabajo. Hoy no todos los chilenos tienen email y eso es crítico.

“La revolución de los datos ha implicado muchos avances pero no ha respondido la pregunta: ¿Cómo superamos los 700 millones de personas que a nivel mundial habitan en condiciones de extrema  pobreza? Desde ahí, el foco es entender que tenemos que tomar un nuevo contrato digital. ¿Cómo volvemos a confiar? Estábamos en una incertidumbre análoga, pero ahora nos fuimos a lo digital. La odiosidad, la post verdad, los discursos de odio, las noticias falsas son un reflejo de esa sociedad que está con miedo e inseguridad”, expone Patricio quien asegura que el vínculo con Acción Solidaria les abrió la mirada para dar a su fundación una perspectiva social.

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