La institución Hogar de Cristo tiene unos 450 programas sociales en el país, gracias a los que se acoge a casi 39.000 personas y sus familias.

Publicado en: El País, el periódico global.

Por Rocío Montes.

Fotografía: Sebastián Utreras.

El Hogar de Cristo es un reconocido y valorado movimiento por la justicia social chileno fundado por el jesuita San Alberto Hurtado en 1944. “En primer lugar es una causa, pero, al mismo tiempo, es una institución que genera ofertas de servicios a personas gravemente vulneradas en sus derechos. La justicia y la equidad son su corazón ético”, explica Paulo Egenau, su director social, en esta entrevista que se realiza en la sede central del Hogar de Cristo, en la zona poniente de Santiago. Actualmente, la institución tiene unos 450 programas sociales distribuidos a lo largo de todo Chile, en los que se acogen a casi 39.000 personas y sus familias.

Financiado mayoritariamente gracias a sus socios, el Hogar de Cristo focaliza su ayuda en aquellos grupos de la población que se encuentran en contextos de mayor exclusión, abandono, miseria y falta de oportunidades, y que deben soportar las peores formas de prejuicio y abandono: las personas en situación de calle, pobres con discapacidad mental, adultos mayores dependientes y postrados, chilenos en situación de pobreza con consumo de alcohol y otras drogas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contextos de pobreza, etcétera. Conocedor como pocos de esta realidad, Egenau señala que “la pobreza extrema nunca ha sido una prioridad para Chile”. “Satisfacer los derechos humanos vulnerados de personas en situación de pobreza extrema”, explica, “debería ser para todos los chilenos una preocupación de primer orden”.

Psicólogo de profesión y Máster en Drogodependencia, Egenau relata que al finalizar la dictadura militar en 1990 la pobreza llegaba en Chile a un 40%. Desde hace 27 años, explica, “todos los Gobiernos han hecho intentos importantes por disminuirla”.

Pero Egenau no está de acuerdo con la forma en que históricamente se ha medido la pobreza, de acuerdo a los ingresos: “Es una forma inacabada y parcial de entender las consecuencias de la pobreza, no da cuenta del fenómeno completo. La pobreza debe medirse desde múltiples dimensiones, como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el entorno y las redes, la cohesión social”. Dice que, en un gesto de valentía política, el actual Gobierno tomó la decisión de empezar a medirla incorporando estas variables. “Desde ese punto de vista”, indica Egenau, “Chile no puede insistir en que tiene un 11,7% de pobreza, sino un 20,9%”.

Ejemplifica: si un chileno tiene un salario de menos de 152.000 pesos chilenos mensuales (unos 230 dólares), figura dentro de las estadísticas de pobreza por ingreso. Pero si gana 155.000 pesos (unos 235 dólares) no es considerada una persona pobre, aunque viva en una vivienda precaria, tenga acceso inestable a la salud y esté excluida, por ejemplo, del sistema escolar.

El Hogar de Cristo se halla este 2017 en una campaña para sumar nuevos socios a su causa, Involúcrate, que está centrada sobre todo en los niños y jóvenes que menos tienen en Chile. “Un 34,4% de niños y jóvenes entre 0 y 14 años presentan alguna forma de pobreza. Cuando escuchas esa estadística dices: ‘¿Perdón? Esto no es mi país. ¿Cómo es posible?’. Es lo que hay que poner en el debate con el propósito de priorizar las políticas públicas”, dice Egenau, haciendo referencia a uno de los objetivos de la reforma educacional del Gobierno de Michelle Bachelet: la gratuidad en la educación superior.

Uno de los debates que ha marcado la actual Administración radica en si el beneficio debe ser universal, independientemente de la situación económica de los padres de los estudiantes. La presidenta, que aspiraba a la gratuidad para todos, en su último discurso ante la nación anunció que el beneficio llegaría a un 60% de los jóvenes de menores recursos en 2018. Egenau considera que la gratuidad universal es una demanda legítima de las clases medias emergentes, pero entrega una cifra: “En Chile, más de 80.000 niños se encuentran fuera del sistema educativo y cada día 1,3 son expulsados del sistema escolar”.

Para el director social del Hogar de Cristo, “la clase política responde a demandas de segmentos de la población que tienen una capacidad mayor de organización”. “Pero los que no tienen la capacidad de organizarse son estos 80.000 niños que están fuera del sistema, en las comunidades pobres, en las calles. A ellos nadie los representa”, señala Egenau. Por lo tanto, le parece preocupante que en los últimos tres años se haya disminuido abruptamente el presupuesto del Estado destinado a la reinserción educativa.

Priorizar los desfavorecidos

“¿Por qué no comenzamos por los sectores más pobres y excluidos?”, se pregunta. El Estado y la sociedad en su conjunto, indica, debería priorizarlos respecto de otros grupos de la población: “Las personas en situación de pobreza son sujetos privilegiados de derecho, es decir, tienen más derechos que el resto para hacer realidad esta pretendida intención de igualdad”. “Primero a los que menos tienen, después a los que tenemos más. Esa reflexión para nosotros es fundamental”.

Un segundo asunto que le parece urgente de resolver es la crisis de los programas residenciales del Estado para los menores. El escándalo estalló desde el fallecimiento en abril de 2016 de una niña de 11 años, Lissette Villa, en un centro administrado directamente por el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Pero los antecedentes de la precariedad de la atención y los abusos cometidos en el interior de residencias no son recientes: investigaciones realizadas por el Congreso en 2013 y 2014 revelaron malos tratos, abusos sexuales, permanencias eternas, falta de atención médica, importante nivel de rezago y retraso escolar, etcétera. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que investiga la muerte de 1.313 niños y adolescentes entre 2005 y 2013, que se hallaban bajo algún tipo de control del SENAME, acaba de concluir “el fracaso absoluto del Estado en materia de políticas de infancia”.

“Esta ha sido una negligencia política histórica de todos los gobiernos, independiente del color político. Es un olvido negligente”, señala Egenau. “No podemos partir y soñar un país más justo, más solidario y con mayor calidad de vida, sin priorizar a los segmentos más pobres de nuestro país”.