La lamentable muerte de José Pizarro, más conocido como “El Divino Anticristo”, personaje típico de un barrio céntrico de nuestra capital por el que transitaba a propósito de encontrarse hace muchos años en situación de calle y tener un diagnóstico de salud mental, ha generado un importante impacto mediático. Sin embargo, llama la atención que, fuera de lamentar su partida y compartir anécdotas, no se genere mayor reflexión sobre la situación particular en la que muere. “Sería una muerte natural, sin intervención de terceros”, recogieron los medios en relación a la causa de su fallecimiento, dada por Carabineros.

Por María Isabel Robles, directora ejecutiva Fundación Rostros Nuevos.

Me pregunto si morir solo y en la calle es algo “natural”, si realmente nos detuvimos para darnos cuenta sobre la doble exclusión que vivió José por tantísimos años: estar en situación de calle y, a la vez, vivir con discapacidad mental. Lo anterior se tradujo para él y para cualquier persona con sus características en mayores dificultades de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, de apoyo social y de redes, generando una importante situación de aislamiento, encubierta en su condición de personaje urbano pintoresco.

En Chile, de acuerdo al Segundo Catastro de Calle, realizado en 2011, cerca 12.300 personas viven en situación de calle, aún cuando, de acuerdo a estimaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, hoy esta cifra superaría las 15 mil personas. De ellas, el 47% se encuentran en la Región Metropolitana y cerca del 16% tiene alguna discapacidad psíquica, la mayoría sin tratamiento ni dispositivos de apoyo social con ajustes razonables a sus particularidades y requerimientos, y con una lógica territorial comunitaria. Si bien hemos tenido importantes avances en las últimas décadas dirigidas a esta población, nuestras políticas públicas, sociales y de salud, han sido poco robustas y desarticuladas, principalmente producto de la sensibilidad que una autoridad u otra tengan frente al tema, y no a una definición y compromiso de Estado, como lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), y como ocurre en otros países.

Al respecto, y solo a modo de ejemplo, ya en el año 2013 los estados miembros de la OMS, de la cual nuestro país es parte, se comprometieron a adoptar medidas específicas para mejorar la salud mental de sus ciudadanos, desarrollando acciones concretas para su promoción, prevención, atención, así como para la recuperación e inclusión de las personas con discapacidad mental. Para nuestro país resulta imposible cumplir con este compromiso, si el presupuesto destinado a salud mental desde hace 5 años, no supera el 2,3% del total del presupuesto destinado a salud. Esta cifra que debiera ir en aumento año a año ha decrecido sistemáticamente desde el 2008 a la fecha, y nos deja muy por debajo de países como Uruguay, Perú y Brasil, sin mencionar a países pertenecientes a la OCDE como Estados Unidos que destina el 6%, o bien Suecia y Australia con cifras superiores al 10% invertidas en salud mental.

Si a lo anterior sumamos el estigma, la exclusión social y la discriminación de las personas con trastornos mentales, se complejiza aún. La evidencia sobre los beneficios transversales de la inversión en salud mental es contundente, por eso el llamado a nuestras autoridades es garantizar una inversión de al menos un 5% del presupuesto de salud a salud mental y de esta forma avanzar en servicios de prevención, promoción y tratamiento, que sean oportunos, con acceso y cobertura universal, basados en una perspectiva de derechos que mejore la calidad de vida de las personas y sus familias, principalmente de aquellos que son los más pobres y excluidos en nuestro país, como era el caso de José Pizarro, quien no murió de “muerte natural”.

Publicado en “El Mostrador”