Hace cinco años que Hogar de Cristo trabaja junto al Consejo para la Transparencia por una sociedad con mayor acceso a los resultados contables y de gestión de las entidades públicas. Sobre esto conversamos con su presidenta, quien busca que este ecosistema de la apertura de datos sea comprensible para todos y se pueda ejercer de mejor forma los derechos ciudadanos.

Por María Luisa Galán

“Instituciones que trabajan directamente con la sociedad civil en temas de pobreza y, además, son entidades grandes que manejan una cantidad importante de recursos, requieren avanzar en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque es parte también de la confianza en ellas. Avanzar proactivamente hacia estándares que vayan más allá de lo que en el futuro la ley de transparencia 2.0 pueda regular, es una buena noticia respecto a la señal que se le da a la ciudadanía”, explica Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, cientista política de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

“Me parece fundamental que cuando trabajas con personas en situación de pobreza, que enfrentan múltiples vulnerabilidades y requieren una mayor prestación del Estado, se requiera tener un enfoque de derechos humanos con respecto a los trabajos que se realizan. En ese sentido, el acceso a la información pública es un derecho humano esencial”, agrega quien ha estado al mando de este organismo autónomo de derecho público desde hace menos de un año, luego de haber estado por cuatro años en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Hace cinco años que el Hogar de Cristo y el Consejo para la Transparencia se aliaron para potenciar mejores prácticas en temas de acceso a la información, vincular a la comunidad en su responsabilidad con quienes viven en situaciones de exclusión, y promover una cultura solidaria. En estos meses de pandemia, las actividades entre ambas organizaciones se han mantenido. Este año ya se realizó el conversatorio “Transparencia, sociedad civil y proceso constituyente” y está en curso un ciclo de tres talleres, el cual culminará en septiembre con la exposición de la doctora en informática, Carol Hullin.

-Si bien la información hoy está digitalizada, no todos tienen acceso por un tema de brecha digital. ¿Cómo se resuelve ese dilema?

-No cabe duda que la disponibilidad de información respecto a lo que tenía la ciudadanía en el momento que se promulga la Ley de Transparencia hace 10 años, es súper distinto a lo que tenemos ahora. De hecho, recuerdo que cuando trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia, que se estaba encargando de la implementación de esta ley, uno de los grandes dilemas que enfrentamos fue la disponibilidad de sitios web. Algo que hoy es impensable. Por ejemplo, sujetos obligados en temas de transparencia como los 345 municipios del país, no tenían páginas web. No tenían cómo cumplir la ley. Y, además, hay otro fenómeno: es tal la cantidad de información que se produce, que el problema no es la disponibilidad, sino cómo se busca y se dispone. El problema es cómo hacemos con la multiplicidad de información disponible y ayudamos a ser más inteligible el mundo. No sacamos nada con disponer datos si las personas no pueden hacer control social, hacer exigible la rendición de cuentas a las autoridades y no pueden combatir la corrupción porque hay tal cantidad de información que no se es capaz de digerirla. Ahí hay un desafío grande en términos de acceso. Y está la promoción, que es parte de la política del Estado, de los sistemas educativos, de que esta tercera ola de dato abiertos, encuentren a personas más alfabetizados en estas tecnologías. Es cierto que la brecha digital es importante, que además está cruzada por aspectos etarios, pero es cada vez menos.

Sobre lo anterior. A comienzos de este 2021, las agencias We Are Social y Hootsuite presentaron un estudio sobre el uso de móviles, Internet y redes sociales en Chile y hay un dato que asombra. Mientras la población nacional es de 19.16 millones de personas, hay 25.31 millones de dispositivos móviles, superando a Argentina, Colombia y México. Los usuarios de internet son 15.78 millones y los de redes sociales 16 millones.

-¿Un país con mayor transparencia ayuda a la superación de la pobreza?

-Sí, en la medida que exista un elemento fundamental: el derecho a llave. Es decir, cuando el acceso a la información pública ayuda al ejercicio de otros derechos, como prestaciones, subsidios. Lo otro es la rendición de cuentas. Cuando uno tiene la posibilidad de tener un instrumento como el acceso a la información pública, que a partir de la ley de transparencia, te permite hacer exigible la rendición de cuentas por parte de las autoridades, tienes la posibilidad de exigir que planes y programas, especialmente los que combaten pobreza, tengan mayor claridad. Se controla que los fondos sean destinados a quienes tienen que llegar, evitando el clientelismo y los actos de corrupción.

-¿Cuál es el límite entre transparencia y protección de datos?

-Parece una contradicción, pero no es así. Como Consejo para la Transparencia tenemos una facultad muy limitada pero existe: velar por la actual normativa de protección de la vida privada, que es el artículo 33, letra M, de la Ley de Transparencia. Básicamente, lo que dice esa norma, es que los datos personales y en particular aquellos que son sensibles, son de exclusiva propiedad del titular. Además, desde 2018 se reformó la Constitución, en el artículo 19, que además establece la protección de los datos como un derecho fundamental, pero, a su vez, dice que ese tratamiento de información se hace con el consentimiento del titular o que lo señale expresamente una ley. Por ejemplo: los datos de salud. Las instituciones de salud, en medio de la pandemia, pueden manejar datos personales para manejar una pandemia, pero sólo con esa finalidad. El Ministerio de Salud no le puede mandar a Educación datos, si no tiene una habilitación para hacerlo. ¿Por qué es importante? Está pasando que se cree que es un acto de justicia publicar datos personales porque alguien llegó contagiado de COVID-19 desde el extranjero y está enfermo. Eso es una vulneración de un derecho fundamental, que no tiene nada que ver con el acceso a la información y la justicia. Hay un ámbito de protección de los derechos fundamentales de las personas que tiene que ser respetado, porque, de lo contrario, es la ley de la selva. El acceso a la información pública tiene otro sentido, que es hacer más compresible el mundo a las personas y para que puedan exigir rendición de cuentas. Si tuviéramos una regulación adecuada, ese tipo de comportamientos debería ser sancionado

-¿Cómo se está practicando y cómo se puede transparentar el trabajo de la Convención Constituyente?

-Nosotros nos reunimos tempranamente con ellos. A mí me ha parecido que hay una preocupación de los constituyentes sobre la transparencia.  Hace unos días se creó una comisión de comunicación y transparencia a propósito de las solicitudes de acceso a la información pública que les han llegado. Además, han ido publicando mucha información, actas, citaciones, se televisa a través de dos canales: de la Universidad de Chile y el de la página de la convención, han ido avanzando por el camino correcto. ¿Qué es lo que requiere ahora? Una serie de procedimientos. Efectivamente, la comisión de reglamento y todas las que han ido creando ad hoc, tienen que establecer o poner foco en los procesos. Cuando tú tienes claras las reglas de cómo funciona, sabes cómo te tienes que ajustar y hacia dónde ir si esas reglas no se cumplen. Como Consejo para la Transparencia nos pusimos a disposición de la Convención para ayudar en todo lo que se necesite porque a todos nos importa que esto salga bien.

-¿Cómo está Chile en temas de corrupción a nivel latinoamericano o mundial?

-El índice que más se utiliza es el de “percepción de corrupción” que hace Transparencia Internacional. La buena noticia es que siempre nos hemos mantenido en el top 3 de países, junto con Uruguay y Costa Rica. La mala noticia, es que hemos ido bajando sostenidamente. Seguimos en el top 3 pero con un puntaje que va más a la baja porque ha aumentado la percepción de corrupción, y eso es complejo. Hace 12 años nosotros hacemos una encuesta de transparencia y ahí vamos mirando el comportamiento de algunos datos, y en ese cuadro hay una percepción de que en Chile existen altos niveles de corrupción en las instituciones públicas en general. Pero cuando les preguntas sobre la experiencia, sobre usted mismo o alguien que conozca, si ha tenido contacto directo con la corrupción, dicen que no. Es un porcentaje muy bajito el que dice que ha tenido que pagar una coima o un favor. Cuando preguntamos “respecto a 10 años atrás, usted cree que hay más o menos herramientas para combatir la corrupción” y las personas dicen que sí, hay más. A lo mejor eso levanta la percepción de corrupción.

Consciente de la necesidad de ser absolutamente responsable con sus recursos, hace unas semanas, Hogar de Cristo presentó, como es habitual cada año, su Memoria 2020. Es un documento virtual, interactivo, que relata lo que fue el trabajo de la fundación en un 2020 atribulado y complejo para Chile y el mundo a causa de la pandemia. Te invitamos a revisar la rendición de cuentas anual de la fundación aquí.