La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en todo el mundo, es una oportunidad para que cada nación, cada sociedad, reflexione sobre los tipos de pobrezas e inequidades que se están generando y reproduciendo en su seno, y sobre cuáles son los caminos para superarlas.

Desde hace casi una década que América Solidaria, TECHO-Chile, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la Fundación Superación de la Pobreza, hemos decidido hacer esta reflexión en conjunto, de tal forma que se nutra con cada una de nuestras experiencias en materia de intervención y trabajo junto a familias y comunidades en situación vulnerable. Y también para que adquiera así la fuerza necesaria para incidir en los tomadores de decisión respecto de las materias urgentes, impostergables e inaceptables que limitan la vida de cientos de miles de compatriotas e inmigrantes que han llegado en los últimos años a nuestro país.

El 2017 nos ha planteado una difícil paradoja:

¿Hasta dónde podemos tolerar un modelo de desarrollo que ha hecho de Chile un país con indicadores sociales robustos en sus promedios, pero con enormes e inaceptables brechas de bienestar entre sus habitantes?

Estas brechas no sólo se viven en las diferencias de ingreso. Así como la pobreza, la desigualdad no se mide sólo en términos económicos, se experimenta día tras día y genera malestar y desesperanza.

Las instituciones que estamos aquí, nos hemos formado la siguiente convicción: las pobrezas en el Chile de hoy se generan en parte importante y persisten, a partir de relaciones sociales inequitativas que todos incentivamos, y que fomentan la dependencia o subordinación entre grupos sociales distintos, el asistencialismo en las políticas sociales y la segregación en diversos aspectos.

En efecto

• Chile es un país con un alto centralismo administrativo que genera desigualdad territorial, dependencia integral del centro, poca autonomía y baja disponibilidad de servicios en zonas aisladas.
• La sociedad chilena reproduce prácticas que segregan a las personas en pobreza en determinados barrios o territorios, en escuelas, en centros de salud, o trabajos, y que resultan en prácticas generadoras de violencia.
• Las personas son sistemáticamente excluidas de las decisiones que las afectan pese a que existen mecanismos legales que consagran la participación, porque estos no son genuinamente valorados ni respetados por las instituciones.

Y, seguimos insistiendo:  la manera en que el Estado focaliza y asigna muchos de los recursos en materia social, ha provocado que se marquen diferencias no buscadas y ha incentivado políticas asistencialistas que han terminado por estigmatizar y rotular a las personas, lo que genera mayor fragmentación en una sociedad que requiere con urgencia, mayor integración y equidad de oportunidades y experiencias.

Somos una sociedad que atraviesa una crisis de convivencia, y aunque esto ha sido diagnosticado por diversos sectores como una crisis de desconfianza hacia diversas instituciones públicas y privadas, también sabemos que dichos problemas de convivencia los generamos todos.

Nos comportamos a partir de patrones que reproducen la pobreza. Convivimos con sistemas que generan maltrato y humillación  a quienes viven en viviendas en barrios segregados, a los niños y niñas  que asisten al sistema escolar que reparte muy desigualmente el capital cultural de la sociedad, o a quienes acuden a los centros de salud, con calidad y oportunidades de atención muy deficientes.

El modelo de vida diferenciado por capacidad económica y pertenencia a un determinado grupo social no es sostenible como sociedad. No se trata de que seamos todos iguales, porque no lo somos. Se trata de que a partir de nuestras diferencias, todos y todas podamos acceder a experiencias equivalentes, ojalá comunes, que nos revinculen y hagan que Chile sea uno y no varios países en un mismo país.

A partir de nuestro quehacer compartimos algunas situaciones apremiantes que requieren de una nueva mirada:

HOGAR DE CRISTO

La situación de pobreza extrema y exclusión social en la que viven 770.000 personas en Chile, representa una experiencia de violencia que las daña y que restringe su libertad, exponiéndolas a procesos biológicos, psicológicos y sociales que actúan durante la gestación, la infancia y la adolescencia, dificultando gravemente las posibilidades de desarrollo de su potencial humano. Las diversas formas de segregación restan años de vida, privan de capacidades básicas, de salud, de vivienda, de educación, de participación social, de seguridad personal, de medio ambiente, todos derechos básicos para tener una vida plena. En síntesis, la pobreza es un proceso que violenta al ser humano.

Los niños que viven en situación de pobreza se ven tempranamente expuestos a violencia intrafamiliar, abandono temprano, abuso sexual, victimización, negligencia, abuso infantil, encarcelamiento infrahumano, entre muchas otras formas de violencia extrema, las que representan una mayor incidencia de problemas en su vida adulta. Lamentablemente, a pesar de la evidencia acumulada por décadas, se ha requerido de la exposición pública de experiencias de extrema violencia social y horrores vividos por muchos niños y jóvenes, para que el Estado, la comunidad de especialistas y la sociedad en general, comience a visibilizar estas realidades, donde la situación del SENAME es el ejemplo más elocuente.

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño ratificado por Chile en 1990 con una sólida ley de garantías que cumpla con el espíritu de esa Convención. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado de los niños y adolescentes. En particular, es imperativo contar con un sistema residencial de alta especialización para niños y jóvenes vulnerados en sus derechos,   impidiendo que sigan siendo victimizados y abusados. Las residencias deben además reparar sus historias de trauma y promover un sano desarrollo de sus potencialidades, no un simple cambio conductual. La protección y promoción de estos niños y adolescentes requiere complejas formas de política intersectorial, vinculadas a una más amplia agenda de justicia social y, sobre todo, a comprender que la pobreza es la mayor vulneración de los derechos humanos.

FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Asimismo, seguimos considerando de la mayor urgencia que el Estado reforme el modelo de focalización vigente para la entrega de apoyo a la población vulnerable. Ello porque las consecuencias subjetivas y relacionales que estos sistemas causan, son alarmantes. Principalmente, porque junto con dar señales equívocas en torno a la vivencia de experiencias comunes y sentido de comunidad, han masificado una práctica que encierra un profundo ejercicio de violencia simbólica que debe ser desactivado cuanto antes.

¿Es razonable que miles de profesores, tantas veces criticados, sigan día tras día “engañando” al sistema de focalización familiar, para que todos los niños y niñas dentro de una misma sala de clase de una escuela de alta vulnerabilidad, puedan beneficiarse del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB y comer?  Es de sentido común y dignidad, cómo van a dejar a algunos niños con almuerzo y a otros sin almuerzo de un mismo curso, una misma sala, por cuestiones administrativas.

¿No será más razonable preferir esquemas categóricos de focalización que son de fácil verificación, como selección de territorios basado en variables agregadas, o condiciones como la edad, género, el origen étnico, que eviten a toda costa la “demostración de miseria”? En el caso expuesto, creemos que es de toda justicia y promotor de dignidad, que los niños que estudian en una escuela con alta vulnerabilidad reciban por igual, alimentación; sin tener que ser sometidos a una vergonzosa “selección” con sus propios compañeros. No estamos en contra de la focalización, sino de cómo ella se realiza y la violencia simbólica que conlleva.

TECHO-CHILE

Hoy nos encontramos en una ciudadanía que no es completamente partícipe de los procesos de nuestra democracia. El 65% de abstención en las recientes elecciones municipales 2016 es un claro indicador de esta distancia, marcando un precedente histórico para nuestro país y siendo una fiel muestra de la desafección que los chilenos y chilenas expresan hacia los políticos y las instituciones.

Para nosotros, en tanto organizaciones de la sociedad civil dedicados al desarrollo social e inclusivo, es un imperativo trabajar por recomponer la confianza entre los miembros de nuestra sociedad, las autoridades y las instituciones. Sin una participación relevante de la ciudadanía, las políticas sociales – elemento crítico a la hora de derrotar la pobreza, la exclusión y la desigualdad – no solo se vuelven menos eficaces en su diseño e implementación, sino también cuentan con menor grado de fiscalización y auditoría social, generando así un círculo vicioso de alejamiento, desconfianza y desafección.

Sin embargo, aparentemente en el tejido social de base la situación es distinta. Conforme nuestra última encuesta nacional de campamentos, 83,6% de los hogares señala colaborar en al menos un grupo o institución junto a sus pares. Hablamos de familias vulnerables que hacen una apuesta comunitaria y colaborativa para superar su exclusión socio-territorial, uniéndose para construir un barrio en donde todos sean parte del mismo techo y juntos avancen para hacer frente a las adversidades y alcanzar sus sueños como familia.

Esta situación nos muestra una tremenda esperanza en la participación y organización comunitaria, pero al mismo tiempo nos muestra lo grave de la problemática, ya que este mismo grupo de gran participación a nivel micro, no demuestra una participación en las instituciones a nivel macro como pueden ser las elecciones nacionales. De acuerdo a los datos del PNUD, hoy las mujeres de sectores socioeconómicos bajos, justamente aquellas que lideran el tejido social comunitario, son las que más han dejado de votar.

Cuando construimos un nuevo barrio junto a las familias, sabemos que mientras mayor participación exista en el diseño y construcción de esas casas, mayor será la apropiación, el empoderamiento, y por tanto la sostenibilidad del barrio, pues dichas familias sentirán esas casas como un sueño que aterrizaron a la realidad y construyeron con esfuerzo, y no un regalo otorgado por una institución lejana que no los tomó en cuenta. Con las decisiones públicas sucede lo mismo, mientras menos participación ciudadana exista, menos sustentable será el futuro que estamos construyendo como país. El llamado es, entonces, disponer de nuestro pequeño capital social, político y ético para incentivar la participación en el devenir de Chile y poco a poco devolvamos la confianza en las instituciones, las cuales antes que buscar privilegios para quienes estén en el poder, fueron diseñadas primeramente para cumplir todo lo contrario: resguardar los derechos de quienes se encuentran marginados.

COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Dada su geografía y su multiculturalidad Chile es un país con un alto centralismo administrativo, político, demográfico y de las oportunidades públicas y privadas, que genera desigualdad territorial, dependencia integral del centro, poca autonomía y baja disponibilidad de servicios en zonas aisladas. El Informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD, revela que el segundo tipo de desigualdad que más molesta a los chilenos son las desigualdades entre regiones y Santiago, después de que a algunas personas se les trate con mayor dignidad y respeto que a otras.

Por ello planteamos que el Estado debe generar políticas urgentes de descentralización, que favorezcan entre otras cosas, dar pertinencia territorial a las políticas y programas, dar autonomía  al uso de recursos y sobre todo, dar poder de decisión y gestión a cada  territorio.

Un  ejemplo del excesivo centralismo se da en el Sename. Todos sus programas de atención son definidos a nivel de central y tienen procedimientos, plantillas de atención, número y tipo de personal a contratar y cantidad de atenciones por niños, niñas y adolescentes, completamente estandarizadas y rígidas. Esto simplemente desconoce y agrede la realidad cultural y social de los niños, niñas y sus familias, impidiendo incorporar a un sistema que debiera ser de protección, variables de pertinencia territorial o multiculturalidad. Y lo más importante, en muchos casos el sistema desarraiga a los niños y niñas de su comunidad de origen y de su familia, porque al ser estandarizado no mira dónde los niños recibirán la atención, sólo se ocupa de que la reciban, aunque ello implique re-victimizarlos vulnerando sus derechos humanos.

Otra consecuencia del centralismo, es que las autoridades y profesionales que trabajan en regiones o zonas más aisladas, no tienen facultades para generar políticas locales lo que genera altos niveles de frustración e impide promover la llegada de profesionales de alto nivel a aportar al desarrollo de regiones y comunas.

Dar mayor poder, autonomía y recursos a las regiones permitirá apuntar de manera efectiva al desarrollo de cada territorio y contribuirá a la justicia social. Sólo con descentralización las comunidades que viven alejadas de los centros urbanos podrán recibir las oportunidades y servicios que por derecho les corresponde, de manera eficaz y oportuna. Atrevámonos a confiar en las capacidades instaladas en los diversos territorios.