¿Cómo te sentirías si siendo adulto otro decidiera por ti cuestiones tan personales como dónde vivir o si puedes casarte o si debes votar en el próximo plebiscito de entrada? Seguramente, la pregunta te resulte absurda, porque algo así suena aberrante, imposible, pero sucede que para muchas personas adultas con discapacidad intelectual esa situación es real, mediante un proceso judicial llamado “interdicción”. En simple, a través de una decisión judicial  se restringe o impide a algunos chilenos la toma de decisiones autónoma sobre aspectos de su propia vida.

Por María Isabel Robles, directora técnica apoyo a la autonomía, Hogar de Cristo.

En Chile aún mantenemos enormes brechas legislativas en esta materia. Parte importante de nuestra legislación se refiere a las personas con discapacidad intelectual como “locos”, “dementes”, “enfermos”, “incapaces”, términos discriminatorios y peyorativos, que dan cuenta una sociedad y un Estado que han reaccionado de manera tardía ante los desafíos de una inclusión efectiva. Que no cumplen con lo ratificado en 2008 al firmar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual señala que el Estado de Chile debe “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, conforme a su dignidad”.

El Proyecto de Ley “Todos Capaces” que está siendo tramitado en el Congreso Nacional desde el año pasado, propone un cambio radical creando un sistema de apoyos y salvaguardas que garantizan la autonomia y libertad para que estos adultos decidan sobre su propia vida.

Es tarea del Estado pero también de todos, trabajar en conjunto por una sociedad respetuosa de cada uno de sus ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables, vulnerados y excluidos. En Chile, según la Encuesta Casen 2017, existen 391 mil personas con discapacidad mental, un 33% más que las que había en 2015, y muchas de ellas son violentadas en sus derechos mediante la interdicción. Por eso, como Hogar de Cristo nos sumamos a la campaña “Yo tengo el poder”, que busca sensibilizar a todos frente al tema y recolectar 5 mil firmas de personas con discapacidad intelectual para una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la que se entregará en un acto final en La Moneda hoy 28 de enero. Lograr que sean esas 5 mil personas las que exijan y asuman el poder que tienen y nadie les debe quitar, haciendo oír su voz, es un poderoso y “empoderador” símbolo, que esperamos se traduzca en que nadie tenga el derecho de declararlos interdictos.

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