Por Claudine Litvak/ Publicada en Zancada

Ellas son invisibles a todas las personas e instituciones que han prometido protegerlas. Dicen que ejercen la prostitución de manera voluntaria, que les gusta pololear con hombres mayores, que ellas se lo buscan porque se visten de forma provocativa, porque se emborrachan, porque se drogan. La verdad es que ellas sufren explotación sexual comercial, pero nadie lo reconoce ni se atreve nombrarlo así: ni los jueces, ni las policías, ni los servicios de salud, ni los profesores, ni los funcionarios de Sename, ni los trabajadores de residencias de protección, ni sus familias, ni ellas mismas.

No se puede catalogar como prostitución porque al ser personas menores de edad, no existe un consentimiento válido; tampoco son relaciones sexuales ni actos normales en un pololeo con un hombre mayor, se trata de violación o estupro en un contexto de asimetría de poder.

La explotación sexual comercial es una de las vulneraciones de derechos más graves que puede afectar a una niña o adolescente; está catalogada al nivel de la tortura. Sin embargo, en Chile no está tipificada como delito, lo que hace muy compleja su persecución y condena.

De esto trata el libro Del Dicho al Derecho: Ser Niña en una Residencia de Protección en Chile, recién publicado por el Hogar de Cristo (disponible aquí https://dev.hogardecristo.cl/sernina/). La investigación detalla cómo las redes de explotación buscan a víctimas vulnerables y en las residencias de protección, ligadas al Sename, encuentran presas fácilmente. Estos hombres buscan tener relaciones sexuales con estas niñas a cambio de dinero, ropa, drogas o “protección”.

Ellas sufren lo que se conoce como interseccionalidad de discriminaciones, por ser mujeres, menores de edad y pobres. No se puede entender ni dar respuesta a esta problemática sin incorporar en el análisis estos tres factores de manera simultánea. Por lo tanto, es fundamental avanzar en reconocer la violencia sexual como un delito asociado a la violencia de género: de los casos de violación y abuso sexual cometidos en nuestro país el 90% afectan a mujeres y en un 97% de los casos los victimarios son hombres. Esta situación, que se ve agravada aún más cuando son mujeres en situación de pobreza y exclusión, que no tienen acceso a la representación legal de un abogado, suele terminar, la mayoría de las veces, sin condena a los agresores.

Los efectos de la explotación sexual son desgarradores: las víctimas corren un elevado riesgo de embarazos no deseados, de contraer SIDA u otras infecciones de transmisión sexual, padecer problemas de salud mental y conductas de riesgo asociadas al trauma complejo, y experimentar re-victimización a lo largo de toda su vida.

Son diversas las acciones que podemos realizar para eliminar esta atrocidad. Primero, es fundamental la prevención de la proclividad o tendencia adulta para tener y tolerar el contacto sexual con personas menores de edad. Es vital eliminar en los distintos ámbitos sociales estereotipos de género que determinan a las mujeres como objetos sexuales o como personas dóciles y sumisas.

Segundo, prevenir los factores que hacen más vulnerables a determinados grupos de niñas y adolescentes para ser atrapados en el comercio sexual. Aquí es clave entregar una residencia de calidad a las niñas y adolescentes en protección, que están al cuidado del Estado, dándoles un sentido de pertenencia, vínculos estables y empoderándolas para mejorar sus oportunidades futuras, a través de educación, salud mental, acceso al trabajo y vivienda al egreso de la residencia.

Tercero, la sanción efectiva de la conducta explotadora. Para esto es fundamental tipificar la explotación sexual como un delito en el Código Penal, además de establecer un trabajo coordinado entre policías, sistema judicial, de salud, educacional y de protección especializada.

Y, cuarto, la atención oportuna y directa que pueda proteger los derechos humanos de quienes son sus víctimas o están en alto riesgo de serlo. En este aspecto es primordial entregar atención de salud física oportuna a las víctimas y proveer de tratamiento psiquiátrico y psicológico para reparar estas experiencias traumáticas.

Es una vergüenza que los depredadores de estas niñas y adolescentes sigan caminando impunes en nuestro país, sobre todo cuando podemos hacer algo para garantizar mayor justicia.

Si te importan las niñas abusadas y vulneradas en sus derechos, involúcrate y…

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