La doctora en filosofía e investigadora del Centro de Estudios Públicos, experta en temas de educación y miembro del directorio de Fundación Súmate, Sylvia Eyzaguirre, llama a los parlamentarios a hacerse cargo de la promesa que hizo el gobierno y todos los sectores aplaudieron de poner a los niños primero en las políticas públicas. Y los excluidos de siempre son los más de 77 mil niños y adolescentes que están fuera del sistema escolar. Su columna, publicada el fin de semana pasado en La Tercera, ofrece todos los argumentos para abogar por ellos y las escuelas y programas de reingreso escolar. Este es el texto de su fundamentada opinión:

“Uno de los problemas cuando diseñamos e implementamos políticas públicas es llegar a quienes más las necesitan. Por lo general, los más necesitados suelen estar marginados del sistema y por lo mismo las políticas no logran beneficiarlos. En educación esto se observa con los 77 mil niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar. Las ‘palancas’ que hemos creado para mover el sistema están pensadas precisamente para actuar sobre la actual institucionalidad y los niños que en ella se encuentran, pero no para abordar a quienes se encuentran marginados de ella. Ni el aumento de la subvención escolar, ni una nueva carrera docente, así como tampoco el fin del copago, el lucro y la selección promueven la inserción escolar de estos niños, que constituyen la población más vulnerable de nuestro país.

¿Cuánto le importan estos niños al Estado? La respuesta es brutal: nada. No existe una política para niños y jóvenes con trayectorias escolares interrumpidas, ni tampoco un sistema de alerta temprana que permita detectar a tiempo a quienes presentan riesgos de abandono escolar. Son pocas las instituciones que se preocupan de estos niños, la mayoría son privadas y trabajan principalmente con recursos privados. El Estado brilla por su ausencia. El presupuesto para apoyar los proyectos de reinserción educativa y escuelas o aulas de reingreso escolar es raquítico y su diseño no es adecuado. El presupuesto de este año para estos proyectos educativos fue de 1.415 millones de pesos, un poco más de 2 millones de dólares; una miseria en comparación con los 1.400 millones de dólares que como país estamos destinando para financiar la gratuidad en la educación superior. La adjudicación de estos recursos es a través de concursos anuales, lo que perjudica la viabilidad financiera de estos proyectos y más todavía cuando los recursos no llegan a tiempo (todavía no llega el dinero a las instituciones que se adjudicaron el concurso a principios de este año). Por otra parte, los programas de reinserción escolar consideran un presupuesto máximo de 400 mil pesos por niño, eso implica apenas $26.666 por estudiante mensual para un programa de 15 meses. El presupuesto máximo por establecimiento para escuelas de reingreso con más de 100 estudiantes se fijó en 100 millones de pesos por un plazo mínimo de 15 meses. Es decir, en el mejor de los casos, el monto por alumno mensual sería de $66.666, muy por debajo de los $300.000 mensuales que cuesta un proyecto de calidad según la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Además de la ausencia de financiamiento, se advierte una escuálida presencia de escuelas de reingreso públicas en un contexto de alta escases y a ello se suma la falta de políticas para fomentar la retención escolar y la ausencia de estándares de calidad para las escuelas de reingreso y los programas de reinserción.

El programa del presidente Piñera contemplaba un nuevo trato con estos niños, los más excluidos de nuestro sistema escolar. Responder de forma adecuada a esta necesidad implica necesariamente diseñar nuevas herramientas, que seguramente requerirán de un proyecto de ley. Pero ad portas de la negociación presupuestaria para el año 2019, sería gratificante ver que a nuestros parlamentarios les importan tanto estos niños y el presupuesto que destina el país a ellos como el salario mínimo. Llegó la hora de prestar oído al silencio de los sin voz para que como país podamos ofrecer a estos jóvenes una oportunidad para salir adelante y con ello avanzar hacia una sociedad un poco más justa.

Por Sylvia Eyzaguirre, integrante del directorio de Fundación Súmate.

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