“360 mil niños y jóvenes entre 6 a 21 años están excluidos del sistema escolar”, dice el informe preparado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile para el Hogar de Cristo. Las autoridades de gobierno no tardaron en responder refutando dicho número. Según la estimación del Ministerio de Desarrollo Social, no serían más de 150 mil. Sin duda, el número importa, pero llama la atención la excesiva preocupación que mostraron las autoridades por aclarar el número de niños en esta situación en contraste con la desidia del Estado por avanzar en soluciones; no nos olvidemos que estos niños son la población más vulnerable de Chile y los más abandonados por el Estado.

Por Sylvia Eyzaguirre

La discusión por el número de niños fuera del sistema escolar muestra la primera falencia del Estado: no saber cuántos niños no han terminado su educación escolar. Nuestro país goza de una base de datos extraordinaria, que permite saber con precisión quiénes son estos niños y dónde están. El hecho de que no contemos con esta información muestra la indiferencia que han tenido los distintos gobiernos frente a esta realidad. Esta indolencia del Estado se refleja también en la ausencia de política pública. No existe una política efectiva de retención y reingreso escolar. En Chile ha sido el sector privado el que ha respondido a esta necesidad. Actualmente, existen menos de 20 escuelas de reingreso que cuentan con Reconocimiento Oficial del Estado y atienden a menos de 2.000 niños. La gran mayoría de estas escuelas pertenecen a fundaciones privadas, cinco de ellas son de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, que atiende a 700 niños. El resto de los niños y jóvenes excluidos que hoy están estudiando lo hacen en la modalidad de adultos, que fue diseñada para otro propósito. El financiamiento estatal es precario. Estas se financian con la Subvención Regular y sólo los niveles de educación básica pueden recibir, además, la Subvención Escolar Preferencial. Esta subvención se complementa con un fondo concursable, al cual deben postular las escuelas sin la certeza de obtenerlo. El monto del fondo en 2018 fue un poco más de 800 millones de pesos, y el monto máximo de adjudicación por escuela para 18 meses fue de 80 millones de pesos. El año pasado el concurso se cerró en mayo y las escuelas recién recibieron los recursos en octubre. Estos recursos son absolutamente insuficientes para financiar una alternativa de calidad. Según el modelo educativo de la Fundación Súmate, los recursos que hoy entrega el Estado alcanzan para financiar entre el 20 y el 37 por ciento del costo de una escuela de reingreso. La guinda de la torta la puso el segundo gobierno de Bachelet, cuando redujo de forma sustantiva los recursos destinados a atender a estos niños y jóvenes.

Ofrecer oportunidades educativas a estos niños debiera ser una urgencia nacional, mucho más urgente que la gratuidad en educación superior, el lucro, aula segura o el sistema de admisión. Resulta alentador que el Ministerio de Desarrollo Social esté trabajando en la elaboración de un sistema de alerta temprana que permita identificar a los jóvenes con mayor riesgo de desertar. Pero ello sólo tiene sentido si se complementa con intervenciones efectivas para evitar la deserción. ¿Pero qué pasa con quienes están ya fuera del sistema? Llegó la hora de visibilizar a los invisibles.

Fuente: La Tercera

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