Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate
Con el corazón apretado por el temor de que no vuelvan, pasamos las vacaciones los que convivimos y trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esa alerta se intensifica en tiempo de verano: las salidas con amigos, los trabajos precarios y los riesgos de calles y barrios tomados por el narco y la delincuencia, aumentan nuestra incertidumbre.
Si bien es importante el merecido descanso de los profesores y el relajo de los tres millones de estudiantes que sí descansarán, hay unos 200 mil niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema escolar que no retomarán su trayectoria educativa en marzo y probablemente muchos más se sumarán a esa ausencia. Ese desperdicio de talento y de oportunidades de desarrollo es grave y requiere respuestas urgentes.
Las razones que fundamentan esta situación son multidimensionales. Por un lado, no tenemos políticas integrales que protejan a nuestra juventud y sus trayectorias educativas, y que favorezcan el reingreso al sistema escolar.
Además, durante el período estival suelen producirse situaciones adversas, las que se han agravado a causa de los dos años que llevamos en pandemia. Un 80 por ciento de los estudiantes de sectores vulnerables ha comenzado a trabajar e incluso se ha convertido en el principal sustento de su familia. Aunque ahora estén matriculados para el año escolar 2022, corremos el riesgo de que no regresen y deberemos volver a tratar de convencerlos en marzo. Otro porcentaje se queda en sus casas y, ante la falta de infraestructura pública deportiva, cultural y recreativa, se exponen a probar suerte en las redes de narco y de la delincuencia, a las que inocentemente ven como una oportunidad de “recrearse” o salir adelante. Otras, sobre todo mujeres adolescentes, seguirán en sus tareas de cuidado de adultos mayores o de sus hermanos menores, y un gran número se irá armando la vida. Una vida de postergación difícil de recuperar.
Paralelamente, un proyecto de ley para aprobar el financiamiento necesario para la implementación de la modalidad de reingreso se encuentra en trámite en el Senado y sigue ahí, a la espera, sin aprobarse. Así, no hay urgencia que valga.
Ese presupuesto, sin duda, permitiría iniciar el camino de la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años que, habiendo estado matriculados previamente en el sistema escolar chileno, han sido marginados de él. Pero seguimos a la espera.
Es clave que ese enorme grupo de estudiantes excluidos vuelva este marzo a clases y no se vea obligado a inmolarse por mantener a los suyos, cerrándose la puerta a la oportunidad de un mejor futuro.
¿A quién le importa este tema? A nosotros, aunque debería ser una inquietud país: un joven que interrumpe su trayectoria educativa, será lo más probablemente un adulto pobre y vulnerable. Y a nadie le conviene que eso suceda.
